El proceso de descentralización ha fracasado. Los gobiernos regionales se han convertido en tierras baldías en las que campea el negociado, politicastros corruptos, vaciados de capacidades de gestión y de estímulos para el reclutamiento de talento.
El proceso de descentralización no ha sufrido ningún impulso por años. Ha sido abandonado como la típica reforma que se deja en tierra baldía. Lo hemos dejado sucumbir de inanición. Después de los fallidos referéndums que no terminaron por unir ninguna macrorregión, no se ha tocado casi nada.
Pero ninguna de estas razones, por más evidentes que fueran, daban alguna justificación para prohibir a los movimientos regionales. Los movimientos regionales, con todas sus limitaciones, permitieron que la representación política en las regiones –destruida por los partidos nacionales– se mantuviera con pulso.
Los actores regionales encontraron una arena electoral en la que podían participar y tuvieron incentivos para dejar la sola protesta y hacer política. Competir para ganar poder. Por supuesto que se generaron redes de clientelismo y corrupción, como en toda política disfuncional.
Pero no engañemos a nadie. Prohibir a los movimientos regionales, como ha hecho el Congreso de la República, solo tiene como objetivo controlar la oferta política para hacerla a la medida de los partidos nacionales sin representación territorial. Los partidos nacionales no tienen ninguna relevancia en la política regional, no representan ni agregan intereses.
El resultado predecible de prohibirlos será que los actores políticos regionales, en lugar de competir en la política por el poder, volverán a la arena del conflicto.
Probablemente seremos un país más ingobernable. Borrarlos del mapa no desaparecerá la corrupción, solo la desconcentrará de otras maneras en los partidos nacionales. Implementar un control político para limitar la competencia, como ha hecho el Legislativo, es acumular más poder sin ningún tipo de racionalidad en un país con la representación política hecha harapo.