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La labor de ciertos trabajadores a nivel nacional, hoy busca ser recompensada mediante iniciativas legislativas como las que hoy llaman la atención por la aprobación de dictamen que busca homologar la bonificación adicional mensual. Es así como desde el Congreso de la República, el otorgamiento de hasta 9 mil soles a partir de 2025, viene impulsándose buscando restablecer un equilibrio justo y necesario en el sistema de justicia del Perú.
Tal y como ocurriera con los 12 beneficios sociales dirigidos a quienes conforman el régimen CAS, ahora la noticia involucra a funcionarios pertenecientes al Ministerio Público (MP) luego que por amplia mayoría, el Pleno consintiera el reconocimiento de sus derechos constitucionales mediante la entrega de prestación económica puntual.
Según la información compartida mediante página web oficial del Congreso, la aprobación de dictamen sustentada en los proyectos de ley 10360, 10507, 10568, 10657 y 10673, entre otros, determina el otorgamiento de bono ascendente a los S/9,000 dirigido a fiscales titulares del MP, buscando responder a una demanda histórica por la exclusión de privilegios económicos que sí se entregaban a los magistrados judiciales.
“El Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar que no puede haber diferencias que carezcan de justificación objetiva”, refirió la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Lady Camones Soriano, subrayando la importancia de que dichos trabajadores peruanos también cuenten con la posibilidad de cobrar este tipo de ingreso, según lo determina el artículo 158 de la Constitución Política.
Los fiscales titulares del MP, pasarán a gozar de una bonificación adicional mensual en función al nivel del cargo, siendo los adjuntos supremos y los superiores quienes percibirán el equivalente al 80 % del valor de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP).
Pleno del Congreso aprueba dictamen que avala el otorgamiento de bono ascendente a los S/9,000 para fiscales del MP. (Fuente: El Peruano)
Cabe resaltar, que la implementación de esta normativa no le demandará recursos adicionales al Tesoro Público estatal, ya que será financiada con “saldos de las partidas presupuestales del Ministerio Público correspondientes al año fiscal 2025 o, en su defecto, con cargo a su presupuesto institucional del año 2026″.
En relación a la medida en sí, diversos parlamentarios han emitido pronunciamiento de manera oficial, destacándose lo expresado por César Revilla, quien aprueba dictamen porque “... representa un paso firme hacia la consolidación de un sistema judicial articulado, donde fiscales y jueces cuenten con condiciones laborales equitativas”.
Asimismo, Isaac Mita Alanoca como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, manifiesta que la decisión responde a “una legítima demanda salarial”, pero a la vez constituye una herramienta estratégica necesaria para fortalecer el MP, e incentivar la carrera fiscal que garantice la coherencia del sistema judicial peruano.