La congresista María Acuña Peralta, actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, no por sus decisiones parlamentarias, sino por una serie de cuestionamientos que empañan su trayectoria académica y su desempeño ético. El apellido Acuña, inseparable de su carrera, se vincula nuevamente con la opacidad en títulos universitarios.
Hermana de César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso (APP) y fundador de la Universidad César Vallejo (UCV), María Acuña ha construido su carrera entre la política y la educación, dos campos dominados por su entorno familiar. Es abogada por la Universidad Señor de Sipán, también fundada por su hermano, y posee una maestría y un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad otorgados por la UCV.
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Pero una reciente investigación periodística del programa “Punto Final” puso en duda la transparencia de esos títulos de posgrado. Según el reportaje, ni la tesis de maestría ni la de doctorado de María Acuña pueden ser consultadas. La universidad alegó que ambos documentos se perdieron durante el fenómeno de El Niño de 2017, debido a un huaico que afectó sus instalaciones en Chiclayo.
Las tesis, tituladas “Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED de Lambayeque 2015” (maestría) y “La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria” (doctorado), fueron supuestamente sustentadas, pero hasta el momento no están disponibles ni en formato físico ni en digital.
El caso provocó una reacción de César Acuña, quien intentó desmarcarse de la denuncia periodística. En declaraciones a la prensa, Acuña deslindó responsabilidad sobre el paradero de las tesis y atribuyó la polémica a una campaña mediática en su contra.
“Como nada tienen que encontrarle a César Acuña, tienen que estar buscando por todos los lugares para que puedan cubrir la información los domingos. El que tiene que informar [sobre las tesis de María Acuña] es Sunedu”, expresó.
“Si en la Sunedu están inscritas la maestría y el doctorado, se entiende que para que lo registre, en la universidad tiene que haber estado el trabajo de investigación. Si la universidad dice que no lo tiene, tendrá que explicar dónde está ese documento. Recuerden que en Chiclayo hubo bastantes lluvias y una de las afectadas fue la universidad”, agregó.
Este episodio revive los cuestionamientos que en 2016 rodearon a César Acuña. Ese año, Indecopi lo multó por plagiar un libro del docente Otoniel Alvarado, y una comisión de la Universidad Complutense de Madrid concluyó que su tesis doctoral incurría en “mala praxis”, aunque el título no le fue retirado.
Del escaño al blindaje
Tras dos intentos fallidos (2006 y 2011), María Acuña fue elegida congresista por Lambayeque en el 2021. Hoy preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, clave en la investigación de altos funcionarios del Estado.
Bajo su liderazgo, este grupo archivó recientemente la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte en el denominado Caso Rolex. La mandataria fue acusada de recibir relojes y joyas de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en lo que se interpretó como un posible caso de cohecho.
María Acuña también integra cinco comisiones ordinarias: Presupuesto, Vivienda, Justicia, Trabajo y Economía.
Ética bajo la lupa
En abril de 2023, la Comisión de Ética del Congreso abrió una investigación de oficio contra María Acuña, luego de un reportaje que la acusaba de usar recortes de sueldo de sus trabajadores para pagar a Carlos Herrera Gonzáles, quien habría trabajado en su oficina descentralizada sin vínculo formal con el Congreso.
Durante el proceso, se recogieron testimonios y documentación presentada por la propia congresista. Acuña negó los cargos y sostuvo que Herrera fue un colaborador político que recibió pagos de su propio bolsillo. Los trabajadores involucrados también negaron haber sufrido recortes de salario.
La comisión concluyó que no existían pruebas suficientes y archivó el caso. Afirmó que los pagos fueron personales y no se cometió infracción ética ni administrativa.
ESTE ES EL INFORME FINAL APROBADO POR ÉTICA EN EL 2023:
El caso tributario: S/ 3 millones en juego
Los cuestionamientos no terminan ahí. En abril pasado, “Punto Final” aseguró que María Acuña mantiene una millonaria deuda con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). La controversia se originó en una operación inmobiliaria en Chiclayo, donde la congresista habría eludido el pago de impuestos por más de S/ 3 millones.
La historia comienza en 2009, cuando Acuña aseguró haber prestado 300 mil dólares a una conocida suya, Teresa Vílchez López. Al no poder devolver el dinero, esta le transfirió lotes de terreno como dación en pago. Luego, en 2015, Acuña y su esposo fundaron la empresa Inmobiliaria Los Alizos, aportando estos lotes como capital valorizado en S/ 6.7 millones.
En apenas nueve meses, el valor de los terrenos pasó de S/ 2,500 por lote a S/ 55,000, precisó “Punto Final”. En 2020, la Sunat notificó a la congresista sobre la omisión del pago de impuestos por esta operación. Ella alegó no haber recibido las notificaciones, pero la entidad confirmó que los avisos llegaron tanto a su domicilio fiscal como a su vivienda en Chiclayo.
Acuña ha acudido personalmente a la Sunat al menos ocho veces desde que es congresista, y en tres oportunidades solo en marzo de 2023. Ha optado por llevar el caso ante el Tribunal Fiscal. Consultada por la prensa, afirmó desconocer los detalles del proceso y derivó la responsabilidad al nuevo gerente general de su empresa.
Los cuestionamientos que pesan sobre María Acuña combinan temas sensibles: la transparencia académica, el uso del poder para proteger aliados y el cumplimiento de obligaciones tributarias. En todos estos terrenos, la congresista se ha visto involucrada en polémicas que dibujan un perfil político marcado por la opacidad. Este Diario intentó obtener sus comentarios, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
