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Blindajes legislativos: Los 3 congresistas que se salvaron de la suspensión en el pleno y otros salvatajes de la Comisión de Ética
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El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, cerró la legislatura sin definir la suspensión contra tres parlamentarios. La Comisión de Ética aprobó informes que recomendaban la suspensión de María Aguero (Perú Libre), Darwin Espinoza (Podemos) y Raúl Doroteo (Acción Popular), pero estos casos nunca se priorizaron y ahora deberá esperarse hasta agosto para su ratificación.
Los casos mencionados no se tratan de denuncias menores. Dos de estos provienen de la larga lista de legisladores que han sido acusados de recortar el sueldo a los trabajadores de sus respectivos despachos. Es por la gravedad de las denuncias que la Comisión de Ética recomendó la máxima sanción contra la perulibrista María Aguero y el acciopopulista Raúl Doroteo. Para ambos se pidió una suspensión de 120 días.
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Según el informe final de la Comisión de Ética, en el caso de Aguero existían pruebas suficientes respecto al recorte sistemático del 10% del sueldo a 14 trabajadores de su despacho. El dinero era recolectado por dos’excolaboradores cercanos a Agüero: César de la Cruz Canales y Edson Flores Valencia, quienes actuaban bajo instrucciones directas de la congresista que integra la bancada del lápiz, cuyo presidente es el prófugo Vladimir Cerrón. Este informe fue aprobado en mayo, pero hasta junio nunca fue elevado al pleno para su ratificación.
En el caso de Raúl Doroteo, la sanción se basó en el testimonio de su extrabajadora María Morales Gutiérrez, quien denunció en el programa ‘Beto a saber’ que el legislador le recortaba la mitad del sueldo. Ella, como asesora técnica, ganaba S/7.106. “Del bono de diciembre, he dejado 2.000 soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga”, se lee en el mensaje de WhatsApp enviados al parlamentario acciopopulista.
Darwin Espinoza, quien actualmente integra la bancada de Podemos, afronta un caso con pena más leve, pues la Comisión de Ética recomendó suspenderlo por 60 días. La denuncia en su contra implica el uso indebido de personal y recursos del Parlamento para impulsar la inscripción de un movimiento regional.
El caso de Espinoza está aguantado desde marzo del presente año, mientras que el de Doroteo espera desde diciembre de 2024. Incluso, en el caso del segundo, se han ido revelando más denuncias en su contra, una de estas de su propio padre quien lo acusa de agresión física.
Protegidos
Para Alejandro Rospigliosi, abogado especialista en temas parlamentarios, los blindajes éticos representan un adelanto de lo que se vendría con la inmunidad parlamentaria que esta a punto de ser restituida por el actual Congreso. El pleno aprobó el retorno de la inmunidad en primera votación y se espera la ratificación en la siguiente legislatura.
“Lo que estamos presenciado es la crónica de un nuevo encubrimiento parlamentario anunciado. Si los casos de ética no prosperaron, podemos imaginar lo que sucederá si regresamos la figura de la inmunidad”, explicó Rodpigliosi.
Los blindajes en ética son constantes en el actual quinquenio. Solo en el último año, la comisión especializada evitó sancionar a siete legisladores: tres casos los declaró infundados, y los otros cuatro concluyeron con una amonestación escrita pública, que es la sanción mínima que en anteriores periodos legislativos no era aplicada debido a que no constituye un verdadero elemento disuasivo frente a las faltas éticas.
El congresista Paul Gutiérrez, acusado de plagiar textos de ChatGPT en sus proyectos de ley, y la congresista Janet Rivas, a quien se le atribuyó el caso de una trabajadora fantasma, recibieron la misma sanción: una amonestación pública.
“Estos casos solo demuestran la existencia de acuerdo administrativo se supervivencia. Un acuerdo que funciona bajo la lógica de ’hoy por mí, mañana por ti’”, afirmó Rospigliosi. El especialista indicó que el nuevo reglamento del Congreso bicameral debería plantear cambios en el procedimiento de los casos de ética, empezando por determinar que la comisión especializada esté conformada por excongresistas para así garantizar un proceso riguroso e imparcial.
Este Diario buscó comunicarse con Alex Paredes, actual presidente de la Comisión de Ética, pero hasta el cierre de este informe no contestó nuestros mensajes.

La decana regional del Colegio de Obstetras del Perú, Carmen Chacaltana, acaba de presentar una denuncia ante la Comisión de Ética contra el mismo presidente de este grupo, el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial). La denuncia argumenta que el legislador permitió “actos de representación ilegítima en favor de una ciudadana sin vigencia en el cargo” en el colegio profesional que representa.
El oficio de la denuncia detalla que el legislador Paredes organizó un evento, en mayo, presentando a Mimi Lily Rojas Silva como decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, pese a que el mandato de esta última venció en marzo pasado. El 19 de mayo, dicho evento fue suspendido con intervención policial solicitada por la actual decana del colegio profesional, Gloria Moreno, y el asesor del congresista Paredes intentó deslindar responsabilidad alegando que “cualquier ciudadano podía solicitar un auditorio a nombre del despacho parlamentario”.
Dos días después, el 21 de mayo, el congresista Alex Paredes participó en otro foro donde se refirió a Rojas Silva como decana nacional, pese a que su mandato se encuentra vencido, según consta en la denuncia presentada.
Ante estos hechos, Chacaltana no solo pide que se abra investigación contra el congresista Paredes, sino que solicitan que se abstenga en todo momento el trámite de la denuncia presentada.

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