Pesadilla sin fin

La pesadilla en que se ha convertido Pataz no tiene cuándo tocar fondo. No transcurre un mes sin que un nuevo atentado o descubrimiento macabro regrese la presencia de la minería ilegal en la zona y sus actividades criminales relacionadas a las primeras planas.

Ayer, la Unidad de Investigación de El Comercio destapó la existencia de una nueva fosa común con, al menos, cinco cadáveres en una mina del anexo Santa María. A pesar de que los primeros restos se descubrieron en octubre del año pasado, a la fecha permanecen en las chimeneas y socavones donde fueron hallados. Según explicó a este Diario un representante del Instituto de Medicina Legal en La Libertad, la falta de un plan de trabajo entre la fiscalía, policía y medicina legal han impedido el levantamiento de los cadáveres. Van más de siete meses en este trámite.

El hallazgo se da cuando el país aún permanece estremecido por el secuestro y asesinato a sangre fría de 13 trabajadores de un contratista minero de Pataz. El presunto responsable de esa matanza –y posiblemente también de los nuevos restos humanos hechos públicos ayer– sería Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, detenido el mes pasado en Colombia.

Si bien aún hace falta verificaciones, es justo por el momento reconocer el trabajo de la policía peruana –en coordinación con los agentes colombianos– en la captura de ‘Cuchillo’. Eso no implica, por supuesto, que la lucha contra la violencia en Pataz haya concluido. El alto precio del oro y la poca efectividad que ha demostrado el estado de emergencia en la zona son una invitación a bandas armadas para seguir operando y pasando por encima de cualquiera. Si las autoridades en la zona no pueden ponerse de acuerdo en más de medio año para levantar al menos cinco cadáveres, ¿cómo esperar que reaccionen oportunamente frente a amenazas inmediatas?

Por lo pronto, el Ejecutivo dio un paso correcto en este asunto con la reciente eliminación del Reinfo hereditario, pero subsiste la preocupación de fondo respecto de la ley para regular la minería artesanal y pequeña minería (ley MAPE) en el Congreso. La propuesta se debatirá en la Comisión de Energía y Minas del Legislativo esta semana, luego del fracaso del año pasado. Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, fiscalía, gobierno regional, entre otros, han estado dando de largas ya demasiado tiempo en la regulación efectiva de un tema tan urgente, y cada semana que pasa descubrimos que el costo humano es aún mayor de lo que pensábamos.