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Afiliarse a un partido político es un acto que puede responder a varios motivos. Quien lo hace puede estar interesado en la promoción de determinadas ideas o principios en los que cree y hasta en encarnarlos a través de una candidatura a la presidencia o al Congreso. Pero también puede estar persiguiendo simplemente gozar de un nivel de influencia en un futuro gobierno o una futura conformación parlamentaria. Sobre todo si, aparte de sumarse a las filas de la organización en cuestión, hace algún aporte a la campaña. No es extraño por eso que los representantes de ciertos grupos de interés se afanen por convertirse en militantes de tal o cual partido cuando la temporada electoral se acerca. Es una manera de impulsar su agenda. Y, en esa medida, si la penetración se produce en varios conglomerados políticos a la vez, mejor. Es una forma, daría la impresión, de comprarse un seguro contra un resultado electoral adverso o de distribuir los riesgos que toda recomposición del poder entraña. No sorprendería que representantes de otros grupos , como los del transporte informal, estén apuntando a seguir la misma estrategia.

Esta reflexión viene a cuento a raíz de una información difundida ayer por este Diario, a propósito de los vínculos entre los dirigentes de la minería informal y el actual Congreso. Recientemente, El Comercio dio cuenta de las más de 150 visitas de muchos de esos dirigentes al Palacio Legislativo y, en particular, a los parlamentarios de determinadas bancadas como el Bloque Magisterial o Podemos Perú. Bancadas de las que, poco sorprendentemente, han partido buena parte de las iniciativas para prorrogar la vigencia del Reinfo, y otras que, embozadamente o no, buscan favorecer a la minería ilegal. Lo revelado esta semana, sin embargo, habla de un vínculo más serio aún, porque ya no solo se trata de visitas a los representantes de una organización política, sino de afiliaciones que podrían tener el sentido arriba señalado. Ocurre que al menos 14 representantes de dos de los cuatro gremios más importantes de la minería informal –Confemin Perú y Fenamarpe– militan en cuatro partidos hoy presentes en el hemiciclo: Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Algunos, incluso, han postulado ya al Congreso en anteriores oportunidades y podrían intentar repetir el plato en el 2026.

Adherirse a una organización política es, por supuesto, un derecho que asiste a todo ciudadano, independientemente de la actividad a la que se dedique. Y los mineros informales no son una excepción. Pero existen fundadas sospechas de que lo que sus dirigentes habrán descubierto es, más bien, un nueva veta o filón por explotar.

Editorial de El Comercio

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