
Quienes deberían decidir si una autoridad subnacional es reelegida son los ciudadanos de su jurisdicción. Sería lo más lógico. Si un alcalde ha realizado una buena gestión y desea tentar un nuevo período, la decisión de ratificarlo debería corresponder a sus vecinos. No a un grupo de 26 congresistas que, por cálculo político, han decidido dejar sin ese derecho a los electores.
Esta semana fracasó en el Parlamento un nuevo intento de permitir la reelección inmediata por un período de alcaldes y gobernadores regionales. Se requerían 87 votos para aprobar la reforma constitucional, pero solo se lograron 78. Fueron 26 los legisladores que votaron en contra, la mayoría de ellos de Acción Popular, Podemos Perú, Bancada Socialista y Juntos por el Perú.
Los paternalistas argumentos que esgrimieron durante el debate en el pleno para justificar sus posturas bien podrían quedar plasmados en la placa conmemorativa de un hipotético monumento a la incoherencia. “Se corre el riesgo de perjudicar a la población por medio de la malversación de fondos, el clientelismo político”, dijo Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista. Su colega, el incondicional castillista Pasión Dávila justificó su rechazo a la reelección de autoridades subnacionales asegurando que el pueblo “es manipulable”.
Si fueran consecuentes con lo que predican, Pariona, Dávila y los otros congresistas que votaron en contra no deberían entonces postular ni al Senado ni a la Cámara de Diputados. Con mayor razón ahora que el Legislativo ha dado un primer paso para permitir que los parlamentarios realicen proselitismo político durante la semana de representación. Sería contradictorio ver a Dávila o Pariona haciendo campaña con dinero del Estado, que es, al fin y al cabo, el dinero de nuestros bolsillos.
Una ley demagógica aprobada hace 10 años prohibió la reelección de alcaldes y gobernadores. Hoy, los intereses electorales de un reducido grupo de congresistas permiten que esta restricción continúe vigente.